El 6 de diciembre de 2018 el Tribunal Constitucional declaró inaplicable constitucionalmente el procedimiento especial de Tutela de Derechos Fundamentales para las y los funcionarios públicos del Estado, tanto contratas como planta, a través de la sentencia ROL Nº 3853-17-INA. En esta nota te explicaremos cuáles son las graves consecuencias de esta sentencia.
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