Durante la tramitación de la investigación por los delitos de daños, atentados contra la autoridad y desórdenes en edificios públicos luego de la toma de la Municipalidad de Victoria, en la Araucanía, los 16 comuneros mapuche detenidos fueron puestos en libertad. Sin embargo, lo que más llama la atención son las denuncias en contra de funcionarios de Carabineros realizadas por los imputados durante la audiencia de formalización.
Los comuneros habrían recibido agresiones por parte de los funcionarios, además de que, una vez detenidos, algunos comuneros fueron llevados ante manifestantes presentes en el lugar quienes los habrían agredido, ocasionándoles lesiones. No sólo se encontraban incumpliendo el toque de queda y las medidas sanitarias actualmente vigentes, sino que los comuneros detenidos fueron agredidos sin que resultasen, los agresores, detenidos por Carabineros.
No podemos dejar de subrayar lo irregular de esta situación, donde personas en evidente incumplimiento de las medidas sanitarias (y por lo tanto imputables por el Código Penal), habrían ocasionado lesiones y daños entre cánticos racistas a los comuneros detenidos, con la complacencia de Carabineros.
Es necesario que como sociedad condenemos el actuar de cualquier funcionario policial que no resguarde la integridad física y psíquica de imputados o imputadas. Son los tribunales quienes deben decidir si efectivamente se cometió un delito, y mientras eso no ocurra, no pueden ni las policías ni otras personas agredir, libre de consecuencias, a los imputados sólo por su etnia, posición política o color de piel.
