El 25 de octubre de 2020 quedará en la historia como la primera vez (¡desde 1810!) que el pueblo de Chile pudo decidir si quería o no influir sobre las reglas, principios e instituciones que rigen su diario vivir. Además de lo contundente del resultado, es la votación con mayor participación desde que existimos como república.
Al fin podremos participar del juego democrático. Pero el juego recién comienza. Durante los últimos 40 años, el sector de la sociedad que más y mejor se ha organizado es el gran empresariado nacional, que encontró en la derecha política y en amplios sectores de la Concertación (y luego en la Nueva Mayoría) los apoyos necesarios para expandir sus privilegios. Ellos son los que dictan la pauta de los medios de comunicación, de las políticas en salud, educación, vivienda, pensiones, transporte, impuestos y, en general, en todos los asuntos cotidianos de nuestras vidas. Lo injusto y triste de la situación es que estas personas representan un porcentaje minúsculo del total de la población nacional.
Desde mediados de los años 90, innumerable cantidad de activistas, organizaciones, académicos e instituciones nacionales e internacionales, han denunciado la distancia cada vez más grande entre quienes están en posiciones de poder/riqueza y la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Mientras algunos estudian en colegios particulares pagados, tienen ISAPRE, calles con jardines en las veredas y son “víctimas de la delincuencia”, el resto estudia en liceos municipales de baja calidad, se atiende en hospitales colapsados y mal equipados, y observa desde la periferia de la ciudad las áreas verdes de los sectores más acomodados. En definitiva, quienes pueden acceder realmente a una vida digna y quienes no. Estadísticas hay por montones, recomendamos el informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas del año 2017 llamado “Desiguales”, que precisamente hace una radiografía social de esta distancia de poder y riqueza en nuestra sociedad.
La votación del domingo fue clave no sólo por la oportunidad que le abre a la inmensa mayoría de la sociedad chilena, sino porque da cuenta de manera contundente de que no existe un “poderoso enemigo interno” ni tampoco “una guerra”. Simplemente se trata del proyecto político de la dictadura, el que se extendió y perfeccionó durante los últimos 30 años por parte de una minoría, y que evidentemente perjudica a la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro país. El descontento nace de allí. La famosa “polarización” no es más que el desacuerdo de esa minoría con el descontento cotidiano de la mayoría, lo que traducido a un lenguaje bélico sólo daña la convivencia democrática y la posibilidad de diálogo.
El mapa difundido por redes sociales con los datos electorales del SERVEL – en el que se observa claramente que la opción “rechazo” ganó solamente en los barrios más ricos del país -, habla por sí solo. Allí es donde viven las personas que durante los últimos 30 años han habitado el Congreso Nacional, el Gobierno, los Tribunales Superiores de Justicia, los de medios de comunicación, los pasillos de grandes conglomerados económicos, las AFP, las inmobiliarias, las universidades privadas y colegios subvencionados, etc., y son los mismos que, por supuesto, no quieren que cambie la forma de vida en Chile. Es desde esta posición de privilegio que se genera el odioso e ilógico discurso de que si las cosas cambian habrá caos, de que si hay democracia el correlato directo es hambre y pobreza; como si realmente las personas quisieran eso para sus vidas, como si existiera una receta mágica para replicar realidades tan diferentes a la nuestra como la de los pueblos de Venezuela, Bolivia o Cuba, de los que, además, poco y nada sabemos y vaya que tienen lecciones que darnos sobre educación, salud o prácticas democráticas, más allá de los errores que sus propios Gobiernos de turno hayan o estén cometiendo (¡igual que como cualquier otro país, incluso el nuestro!).
Por primera vez tenemos la posibilidad de construir sociedad. El camino será complejo. Han sido 30 años donde la organización de las mayorías ha sido confusa y desarticulada. La concentración de los medios de comunicación por parte de las élites y su sobrerrepresentación en la política han sido trabas complejísimas de superar -dentro de muchas otras- (recomendamos la lectura de esta columna del Centro de Investigación Periodística respecto de cómo afectaría esto el proceso constituyente).
Pero a pesar de todo, ya existe, al menos, la posibilidad de ejercer soberanía. El 11 de abril de 2021 tendremos la oportunidad de elegir representantes de una Convención Constituyente -¡el gran partido que queda por jugar!- y que además será paritaria, como ningún otro proceso que haya existido en el mundo. Es en este espacio donde se podrán representar al fin esos intereses excluidos en las arenas del poder. Será un desafío mayúsculo para estos pocos meses que vienen el articularse de tal forma de llegar con candidat@s, metas y objetivos claros a dicha instancia, considerando además que las reglas específicas de cómo funcionará el proceso constituyente aún están por definirse (¿habrá cupos reservados para pueblos originarios? ¿cómo participará la ciudadanía en el proceso constituyente? ¿cómo funcionarán las comisiones técnicas? ¿qué tan públicas serán? ¿qué pasará cuando no hayan acuerdos? etc. Recomendamos la lectura de este informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas sobre experiencias de Asambleas Constituyentes de los últimos cincuenta años en el mundo).
Quienes estemos por construir un país verdaderamente democrático y para las mayorías, debemos aportar desde la posición que ocupamos en la sociedad para llevar adelante el proceso, en nuestro caso, poniendo nuestras herramientas jurídicas al servicio de personas y organizaciones a las que históricamente se les ha negado la posibilidad de decidir sobre sus vidas.¡Qué la fuerza nos acompañe!
