Empleo Público y Nueva Constitución: La urgente necesidad de una alternativa desde el mundo del trabajo

Foto por Paulo Slachevsky (CC BY-NC-SA 2.0)

Columna de Manuel Gajardo, economista, y Felipe Larenas Burgos, abogado.

La pregunta de qué hacer con el Estado y hacia dónde debiera orientar sus esfuerzos está en el centro de prácticamente todas las propuestas de reforma constitucional. Sea por la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 o por las deficiencias estructurales que hizo ver la pandemia global COVID 19, es un consenso que el Estado debe volver a tener un rol protagónico en la conducción y coordinación política de una sociedad tan segregada y desigual como la chilena. 

Sin embargo, para quienes creemos que la modernización neoliberal debe ser radicalmente reemplazada por una que se ponga al cuidado y servicio de la sociedad y la naturaleza, es muy preocupante la notable ausencia de reflexiones en torno a cómo el Empleo Público acompañaría este proceso de transformaciones, pues cualquier cambio estructural de la envergadura que se pretende se verá trabado si quienes trabajan para el Estado siguen en las mismas precarias condiciones laborales de las últimas décadas. 

¿En qué está el Empleo Público hoy? 

El 7 de enero de 2021 el Ministerio de Hacienda realizó una consulta pública para la elaboración de un proyecto de ley que reforme el Empleo Público nacional. Esta consulta es la culminación de una serie de reflexiones académicas y mesas de trabajo que han impulsado tanto el gobierno  como centros de estudios privados principalmente desde el año 2017 a la fecha (para más información ver listado de referencias al final de esta nota). 

Al respecto, y desde la perspectiva de los/as trabajadores que prestan sus servicios al Estado, es importante tener en cuenta lo siguiente:

  1. El proceso de reforma que ha impulsado el gobierno no está pensado para modificar “las grandes estructuras” del Empleo Público, sino, más bien, corregir problemas importantes que hoy se identifican como parte de la mala gestión de los servicios públicos (en el ingreso, desarrollo y egreso del ciclo de vida funcionario). Esto, en el contexto de reforma constitucional, implica dejar las reglas del juego como están, invitando a mantener un estatus quo en la materia que poco se condice con lo que ha sucedido en el país desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha. 
  2. El proceso de reforma que ha impulsado el gobierno apunta a procesos de mejora en la gestión de los servicios y la eficiencia de recursos humanos (funcionarios públicos) más no está pensada en como equilibrar aquello con la dignidad del trabajador/a en su espacio de trabajo, o sea, sigue la tendencia de modernización neoliberal del empleo público que se ha instalado desde la década de 1980 a través de la corriente norteamericana del New Public Management. A la fecha no existe en el empleo público una institucionalidad que permita a los servidores estatales garantizar sus derechos fundamentales y tampoco se menciona propuesta alguna al respecto en los documentos oficiales de gobierno. 
  3. En las instancias de reflexión y diálogo sobre la reforma al Empleo Público no han estado las grandes organizaciones de trabajadores/as del Estado. Esto es grave por dos razones. Primero, porque hay muy pocos actores pensando esta reforma y, de los pocos que hay, la gran mayoría son sectores que piensan el Estado en clave neoliberal o tecnocrática (despolitización que aporta a la perspectiva neoliberal) y ya existe un amplio consenso entre ellos sobre los puntos centrales de la reforma. En segundo lugar, porque la propuesta del gobierno – más bien la reflexión que le subyace – ha estado avanzando sin contrapeso alguno desde hace al menos tres años. Más allá de las asambleas y discusiones internas de las organizaciones de trabajadores/as del Estado, no se visualizan  propuestas formales sobre la mesa que permitan avanzar hacia lo que la ANEF denominó en su momento un “Sistema de Empleo Público Decente” como una propuesta alternativa de modernización (ver referencias al final de la nota).

Preguntas para la reforma al empleo público en el proceso de reforma constitucional

A continuación se presentan una serie de preguntas que consideramos relevantes para abordar las reflexiones sobre la reforma al empleo público desde el contexto del proceso constituyente. 

  1. Fines del Estado ¿Qué esperamos del Estado respecto de la sociedad y de las personas? ¿Es deseable que el Estado siga entregando al mercado parte importante de la provisión de bienes y servicios básicos? ¿Qué alternativas diferentes existen?
  2. Modernización del empleo público ¿Hacia dónde queremos que apunten los procesos internos del empleo público? ¿A la maximización de sus resultados productivos? ¿Hacia el cuidado y dignidad en el espacio de trabajo? ¿Qué aspectos son clave para lograr uno u otro o ambos? ¿Debiera establecerse en la constitución este objetivo?
  3. Gobierno y Administración ¿Qué diferencias deben existir entre ambos para asegurar la imparcialidad del servicio público? ¿Qué problemas se identifican en la práctica por la relación entre ambos? ¿Deben tener una regulación separada o específica dentro de la Constitución? ¿Qué hacer con los servicios públicos “autónomos”? 
  4. Institucionalidad ¿Qué entidad del Estado gestionará el empleo público? ¿Un ministerio propio? ¿El Consejo para la Alta Dirección Pública? ¿Otro organismo? ¿Seguirá siendo el que tenemos hoy (un mix de varios entes estatales liderados por el Ministerio de Hacienda)?
  5. Participación de trabajadores/as ¿Debe impulsarse la negociación colectiva en el sector público? ¿Con el derecho a huelga regulada? ¿Qué instrumentos legales debieran ser vinculantes en el sector público para que los trabajadores/as tengan mayor injerencia en la administración de los servicios? ¿cómo se relacionaría esta eventual injerencia con el presupuesto de la nación? 
  6. Principios ¿Qué principios debieran regular a la administración del Estado en general y al empleo público en particular? ¿Cuáles debieran estar en la constitución y cuáles no?
  7. Derechos y deberes ¿Qué derechos no están hoy en día garantizados para los servidores/as públicos en el ejercicio de sus funciones? ¿Qué deberes habría que sacar o agregar? ¿Debieran tener todos los funcionarios, independientemente del organismo, obligación de cumplir con iguales principios, derechos y deberes (Ej. órganos autónomos tienen regulaciones diferentes)? 
  8. Desarrollo ¿Qué elementos debe tener una carrera funcionaria para que sea realmente meritocrática? ¿Es deseable que se mantenga la Escala Única de Sueldos como existe hoy? ¿El componente de remuneración variable debe fundirse en los haberes fijos  o incrementarse?
  9. Control de legalidad ¿Qué institución velará por el resguardo de los derechos de particulares frente al Estado? ¿Seguirá siendo sólo la Contraloría y algunos tribunales de justicia desperdigados? ¿Crearemos tribunales especiales para el sector público? ¿Qué institución fiscalizará el cumplimiento de derechos fundamentales en el empleo público (dado que no existe un símil a la Dirección del Trabajo en el empleo público)?

El proceso constituyente en el que estamos es una gran oportunidad para poder revisar los cimientos sobre los que se erige el empleo público (institucionalidad, derechos, deberes, control) y ofrecer alternativas que permitan ordenar y darle dignidad a este invisibilizado sector de trabajadores/as. Sin embargo, como se ha visto, lamentablemente la delantera en la reflexión y las propuestas la llevan aquellos sectores que han utilizado el Estado y a sus trabajadores/as como medios para crear nichos de mercado y/o pagar favores políticos, por lo que es de radical importancia informarse sobre este proceso, hacerse parte lo antes posible y organizarse en torno a la problemática, para evitar que, nuevamente, se tomen decisiones a espaldas de la ciudadanía en general y de los trabajadores/as del sector público en particular.

Referencias

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