La pregunta de qué hacer con el Estado y hacia dónde debiera orientar sus esfuerzos está en el centro de prácticamente todas las propuestas de reforma constitucional. Sea por la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 o por las deficiencias estructurales que hizo ver la pandemia global COVID 19, es un consenso que el Estado debe volver a tener un rol protagónico en la conducción y coordinación política de una sociedad tan segregada y desigual como la chilena. Sin embargo, para quienes creemos que la modernización neoliberal debe ser radicalmente reemplazada por una que se ponga al cuidado y servicio de la sociedad y la naturaleza, es muy preocupante la notable ausencia de reflexiones en torno a cómo el Empleo Público acompañaría este proceso de transformaciones, pues cualquier cambio estructural de la envergadura que se pretende se verá trabado si quienes trabajan para el Estado siguen en las mismas precarias condiciones laborales de las últimas décadas.
Editorial
El 25 de octubre de 2020 quedará en la historia como la primera vez (¡desde 1810!) que el pueblo de Chile pudo decidir si quería o no influir sobre las reglas, principios e instituciones que rigen su diario vivir. Además de lo contundente del resultado, es la votación con mayor […]
Durante la tramitación de la investigación por los delitos de daños, atentados contra la autoridad y desórdenes en edificios públicos luego de la toma de la Municipalidad de Victoria, en la Araucanía, los 16 comuneros mapuche detenidos fueron puestos en libertad. Sin embargo, lo que más llama la atención son […]
El Mercurio Legal publicó, el 27 de junio y el 23 de julio, dos columnas tituladas “Establecimientos educacionales: no es teletrabajo”. En ellas dos abogados desarrollan una posición tan radical como equivocada: que el trabajo que día a día realizan miles de docentes a lo largo del país no corresponde […]
Sorpresivo fue el anuncio del “Acuerdo de Colaboración” firmado en febrero de 2020 por el SENAME con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). ¿Qué motivos existen realmente para que dos entidades públicas con funciones y objetivos tan disímiles entre sí consideren que una alianza colaborativa sería “beneficiosa” para ambas?
El 6 de diciembre de 2018 el Tribunal Constitucional declaró inaplicable constitucionalmente el procedimiento especial de Tutela de Derechos Fundamentales para las y los funcionarios públicos del Estado, tanto contratas como planta, a través de la sentencia ROL Nº 3853-17-INA. En esta nota te explicaremos cuáles son las graves consecuencias de esta sentencia.