Para nadie resulta nueva la crisis institucional que vive el Servicio Nacional de Menores (SENAME), pues luego de un sin fin de informes de fiscalización de organismos públicos, ya es un hecho que el servicio tiene falencias estructurales para garantizar la debida protección y cuidados que por mandato legal debe otorgar a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están bajo su tutela, considerando además los innumerables titulares de noticias por vulneraciones y abusos que hoy sufren muchos NNA de forma sistemática dentro de los hogares del SENAME y los más de 1.300 fallecidos desde el año 2005.
Una vez más el SENAME sale a la palestra y no por políticas concretas para salir de su crisis. Esta vez, es por el sorpresivo “Acuerdo de Colaboración” firmado en febrero de este año nada menos que con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), servicio público de inteligencia creado para reunir información estratégicamente valiosa para el Estado, y así elaborar estrategias que permitan detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, y de organizaciones criminales, dentro de otras funciones, según se establece en la Ley n°19.974, que la regula.
Entonces, cabe preguntarse ¿qué hace el Servicio Nacional de Menores, cuya misión institucional es “contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así como a la responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley”, firmando un convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia? ? ¿Qué motivos existen realmente para que dos entidades públicas con funciones y objetivos tan disímiles entre sí consideren que una alianza colaborativa sería “beneficiosa” para ambas?
Una posible respuesta a estas preguntas es la que dieron las autoridades correspondientes mediante un escueto comunicado de prensa emitido por el SENAME el día 21 de abril, ante la innumerable cantidad de críticas y cuestionamientos a la medida, en el cual se explicaba principalmente que era una práctica regular por parte de la ANI establecer convenios de colaboración con los diferentes servicios para el ejercicio de sus funciones, y que a través del convenio se permitía garantizar la confidencialidad y buen uso de los datos que se entregarían, reiterando el compromiso con los derechos y protección de la institución hacia los NNA. Sin embargo, una respuesta tan genérica como esa no explica absolutamente nada, sobre todo considerando las naturalezas tan disímiles de ambas instituciones. Parece, en cambio, bastante más factible que la razón sea otra, una que acompaña al SENAME desde hace ya varias décadas: la asociación entre pobreza, abandono y delincuencia.
En este contexto, no es de extrañar que la ANI quiera información de un lugar donde posiblemente existen jóvenes que se han movilizado activamente contra las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad, donde la peor parte se la llevan justamente los NNA del SENAME. La criminalización de la protesta social encuentra en este sector un nicho histórico para “encontrar delincuentes”.Confirma esta idea el hecho de que en el Convenio establece una alianza estratégica de cooperación institucional en términos sumamente amplios y genéricos siendo particularmente llamativo que el objetivo del convenio sea que el SENAME “facilitará a la ANI acceso a toda la información que fuera “relevante y pertinente””. Esto último, resulta de una absoluta gravedad, ya que al no establecerse en forma clara y precisa el objeto del convenio, en relación a los criterios específicos que habiliten el flujo de la información,, se abren las puertas de par en par para el uso arbitrario y abusivo de los delicados registros custodiados por el SENAME, vulnerandose en forma evidente la privacidad e integridad de esos niños, niñas y adolescentes que quedan totalmente expuestos ante una agencia de inteligencia nacional, considerando que justamente la información más relevante que maneja el SENAME es nada menos que la historia de vida, informes y registros personales de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado, es decir, datos sensibles sin lugar a dudas, y que -valga la redundancia- esta institución tiene la obligación legal y estricta de proteger.
Afortunadamente los diversos actores estatales y de la sociedad civil abocados a la protección de los derechos de NNA alzaron con fuerza la voz condenando enfáticamente el acuerdo y manifestando su rechazo absoluto a esta situación. De esta manera se expuso públicamente cómo el SENAME dejaba en total indefensión y desprotección una vez más, a quienes conforman uno de los grupos más vulnerables de nuestro país, porque no se puede evitar aclarar que no es lo mismo ser un “niño, niña o adolescente” que ser un “niño, niña o adolescente DEL SENAME”.
Por lo tanto, el ser NNA de SENAME reviste una doble victimización, ya que son vulnerados tanto por su entorno como por el sistema Lo anterior se debe, a que se trata de NNA generalmente violentados desde su primera infancia por sus familias de origen, las que indudablemente representan un riesgo tal para ellos que el propio Estado decide separarlos. Como consecuencia de lo anterior, pasan a formar parte del la red SENAME, donde ha quedado en evidencia que los cuidados y protección que reciben no son los que nosotros como sociedad quisiéramos darles a nuestros propios hijos, y que finalmente durante toda su adolescencia son estigmatizados, violentados, marginados y discriminados una y otra vez hasta llegar a la adultez donde la inserción social se vuelve casi imposible para la gran mayoría de ellos. Entonces se abre la pregunta: ¿Qué es lo que no estamos entendiendo de este circuito vicioso lleno de carencias y vulneraciones?.
Por suerte, gracias al escándalo público, la presión social ejercida a través de los medios de comunicación y las acciones judiciales y administrativas motivadas por la manifiesta indignación que la firma de este sorpresivo acuerdo de colaboración generó, el 27 de abril de 2020, el Subsecretario del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, informó el cese del repudiado convenio, y el 4 de mayo de 2020 Susana Tonda, Directora Nacional de SENAME, presenta su renuncia al cargo.
Cambiar el rumbo de la infancia y adolescencia que a todas luces se encuentra abandonada en Chile, así como muchos otros temas que son importantes para la construcción del país en que vivimos, es un compromiso cívico de todas y todos.
